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Crónica ACCIÓN 13, los protagonistas y sus hechos…
Peculado de 302 mil millones de pesos: Escándalo Agro Ingreso Seguro
“Este hecho de corrupción es el más grave en la historia económica agropecuaria del país”, afirmó la Fiscalía.

Bogotá D.C., Abril 5 de 2011. Sala de Redacción. Hoy se llevó la audiencia de Imputación de Cargos contra los funcionarios implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

A la audiencia solo comparecieron Tulia Eugenia Méndez, ex jefe de la Oficina Jurídica; Juan Camilo Salazar Rueda, ex viceministro de Agricultura; Óscar Augusto Schroeder Muller, ex asesor despacho Viceministro; y Camila Reyes del Toro, ex directora de Comercio, mientras que los otros acusados se excusaron por diferentes motivos, se trata de Rodolfo José Campo Soto, ex gerente general del Incoder; Javier Enrique Romero, ex director Desarrollo Rural y Juan David Ortega Arroyave, ex secretario general.

Todos son investigados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, violación al régimen legal o constitucional y falsedad en documento público.

El Código Penal colombiano contempla una pena de entre cuatro a doce años de prisión, multa de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a doce años, para el caso del Interés Indebido en la Celebración de Contratos, (art. 409), por ejemplo, penas a las que se enfrentarían los siete implicados en el caso de ser encontrados responsables de alguno de los delitos.

El Fiscal a cargo del caso, Juan Martín Moreno, indicó que este hecho de corrupción es el más grave en la historia económica agropecuaria del país, y agregó que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y organismos adscritos “no tuvieron reparo alguno en diseñar la implementación del programa para favorecer a los grandes productores”.

El caso implica a importantes familias colombianas, que resultaron beneficiadas con los dineros entregados por el Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del Expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de la lista de personalidades de renombre nacional, todos pertenecientes a las más acaudaladas familias colombianas, se cuentan: la familia Dávila: Juan Manuel Dávila Gimeno, María Clara Fernández de Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto y la modelo y actriz Valerie Domínguez Tarud.

También la familia Vives Lacouture, integrada por Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano.

Agro ingreso Seguro y el Escándalo

Agro ingreso Seguro es un programa conocido también por sus siglas A.I.S., que el gobierno colombiano diseñó e implementó, siendo ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, bajó la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y que tenía como objetivo otorgar subsidios a agricultores colombianos.

Pero se vio envuelto en un escándalo por presuntas irregularidades en su ejecución relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes, aunque en cifras de 2009 el gobierno reportó haber entregado el beneficio económico, por medio del programa, a cerca de 300 mil agricultores.

Esta historia de trasnochados apellidos de la más selecta “aristocracia criolla”, ambición, ansias de poder y corrupción, empezó en octubre de 2009, cuando la extinta Revista Cambio, publicación colombiana que fue cerrada en Febrero de 2010, publicó una denuncia según la cual el programa A.I.S., habría entregado millonarios subsidios a narcotraficantes, y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la ex señorita Colombia y actriz de televisión, Valerie Domínguez, su novio, su cuñada y sus suegros; sólo entre la familia Dávila Jimeno sumaron subsidios por $2.200.000.000 por conceptos de "riego y drenaje".

Después, y aumentando el tono del escándalo, se supo que las tierras pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de Valerie Domínguez, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario).

Uno de los consultores que conoce el programa dijo a los medios "Lo de los Dávila es una vergüenza. ¿Cómo le regalan plata de todos los colombianos a una de las familias más poderosas de Magdalena? Es inaudito".



La actriz Valerie Domínguez, emitió un comunicado y devolvió los dineros recibidos del erario, pero el escándalo estaba empezando.

En la lista de beneficiarios de los subsidios, se cuentan los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del interior y de Justicia del gobierno de Uribe Vélez, (2006-2008), Carlos Holguín Sardi, quien recibió más de $200.000.000 por el mismo concepto.

De las enormes sumas de dinero entregadas por el gobierno Uribe Vélez, para octubre 1 de 2010 la Fiscalía informó del inicio de una negociación para recuperar 13 mil 482 millones 218 mil 269 pesos.

Los que conciliaron la devolución de dineros fueron: Andrés Felipe Vives Prieto, Orlandesca S.A., Jorge Franco Tribin Jassir, Biofrutos S.A., C.I La Samaria S.A., Luis Miguel Vergara Díaz Granados, Guillermo Barrios del Ducca, Ecobio Colombia Ltda., Jesús Carreño Granados, Inagros S.A., Nicolas Simón Solano Tribín y Gustavo Solano Tribín.

En proceso de conciliación, para 2010, estaban: Alfredo Lacouture Dangond, C.I El Roble S.A., Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Jimeno, Agroindustrias JMD y CIA S.C.A., María Clara Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto, José Joaquín Riveros Páez, Palmeras del Llano S.A., Construmundo S.A, Vicala S.A., Vizu S.A., Sanvi S.C.A., Mevicala S.C.A., Sovijilla S.A., Vicalavi S.A., Banavica S.A., Vibeych S.A. e Inmobiliaria Kasuma.

En las elecciones presidenciales de 2010, luego que la Corte Constitucional impidiera su controversial reelección para un tercer periodo presidencial, el presidente Álvaro Uribe Vélez, dio su respaldo a la precandidatura de su antiguo Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por el partido conservador.

Arias, desvirtuó en ese entonces, todos los cuestionamientos hechos en su contra y de Agro Ingreso Seguro, afirmando que todos los beneficiarios del programa eran gente honesta, sin problemas con la justicia y que era falso que la mayoría de beneficiarios fueran aportantes a las campañas anteriores del entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Medios de comunicación entraron a refutar esas afirmaciones, aumentando la polémica, el periodista Daniel Coronell, y un artículo del diario El Espectador fueron bastante reveladores.

Una de las teorías, usada por los defensores de la transparencia de Agro Ingreso Seguro, en su momento, fue la necesidad de entregar los millonarios subsidios a los más ricos empresarios, porque estos eran promotores de empleo, mientras que los campesinos rasos, no sabían administrar los recursos, y estos se hubieran perdido.

Los hechos posteriores

A manera de epilogo, provisional, de esta historia, encontramos que los protagonistas centrales, han tenido diversos destinos en este año y medio del escándalo:

La precandidatura, del ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, se llevó a cabo, pero fue derrotado por Nohemí Sanín, quien sería la candidata presidencial por el conservatismo, perdiendo luego las elecciones ante el ex Ministro de Defensa del gobierno Uribe, Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia.

Para el 12 de Octubre de 2010 la Procuraduría General de La Nación abrió pliego de cargos contra Arias y varios de los hoy implicados penalmente en el escándalo. También dictó pliego de cargos en contra del exviceministro Juan Camilo Salazar; la ex directora de Financiamiento y Comercio, Camila Reyes; los ex directores de Desarrollo Rural, Javier Romero y Juan David Castaño; la ex directora de Seguimiento Presupuestal, Alba Sandoval; así como los interventores Gisela Torres y Edelmira Riveros.



Para febrero de 2011, la Revista Cambio, que lanzó las primeras denuncias, fue cerrada por decisión de la Junta Directiva del periódico El Tiempo.

El periódico El Tiempo fue fundado por la familia del actual presidente Juan Manuel Santos y del exvicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos, quien a su vez es el actual director de noticias de RCN Radio, que por su parte es propiedad del magnate Ardila Lule. Fue precisamente el presidente de la Casa Editorial de El Tiempo, Luis Fernando Santos, quien anunció el cierre de la Revista.

Rodrigo Pardo García-Peña, ex director de la Revista Cambio, (En la foto), dijo en una entrevista con el periódico colombiano El Espectador “El año pasado supe que la junta directiva estaba evaluando lo que llama “el modelo de negocio” y que había inquietudes al respecto. De otro lado, también me llegaban rumores sobre las molestias que suscitaba el periodismo de denuncia y análisis que hacíamos. Cambio reveló, en 2009, los vínculos de Guillermo Valencia Cossio con la mafia, los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos sobre las bases militares y el escándalo de Agro Ingreso Seguro, entre otros temas polémicos. Pensé que estos buenos resultados bastarían para que la Casa Editorial decidiera seguir adelante con la revista. Nunca me imaginé el cierre ni mucho menos mi salida de El Tiempo. Y no fui avisado con anticipación.”

El periodista, agregó: “Me he estado preguntando hasta dónde el tipo de periodismo que practicábamos en Cambio, es decir, un periodismo investigativo, de denuncia, independiente, profundo, cabe en una casa editorial como El Tiempo, o en otros grupos que tengan una relación de dependencia con el poder político. Esto limita las posibilidades de existencia de una publicación como Cambio, porque mientras los propietarios necesitan cercanía con el Gobierno, el buen periodismo necesita independencia y distancia. La revista pisaba muchos callos, semana tras semana, que causaban molestias en personas del Ejecutivo.”

Las pugnas públicas entre el periodista Daniel Coronell y la familia Uribe Vélez, se han prolongado incluso después de abandonar Álvaro Uribe, la presidencia de la República.



El ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, fue nombrado en 2010, Embajador de Colombia en Italia por el presidente Santos, pero no aceptó. Luego de esto la Fiscalía General de la Nación lo vinculó en la investigación por el escándalo de Agro Ingreso Seguro; actualmente se desempeña como decano de la facultad de economía en la Universidad Católica de Colombia en la ciudad de Bogotá.

Es así como, por fuero, el principal gestor de AIS, el exministro Andrés Felipe Arias, debe rendir cuentas sólo ante la fiscal Viviane Morales, que recibió el caso en enero. En la actualidad no existe imputación alguna en su contra, mientras hoy, el fiscal que investiga el caso dijo, en desarrollo de la audiencia de imputación de cargos, que los tres convenios suscritos entre el IICA y el Ministerio de Agricultura que, presuntamente, registran irregularidades suman más de 288 mil 265 millones de pesos. Todos los imputados son funcionarios de mediana jerarquía.

Según el ex ministro de agricultura, Andrés Darío Fernández, quien reemplazo a Arias, al retirarse este para su campaña electoral como prohijado de su jefe político, Álvaro Uribe, en documento enviado a la Procuraduría en julio de 2010, “los contratistas que elaboraron términos de referencia de la convocatoria pública de riego y drenaje, cobijados bajo el fuero del IICA, fueron Juan Camilo Salazar, Juan Carlos Guzmán, Julio César Daza, Julián Gómez, Iván Esteban y Soraya Pardo”.

De ellos, a excepción del primero como viceministro, ninguno está investigado. Tampoco Rafael Poveda y Marcela Guevara, coordinadores de contratos de la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura.

Mientras tanto, otro protagonista de esta historia novelesca, silencioso y olvidado, el campesino anónimo de Colombia, continua tan empobrecido como siempre. Sigue siendo víctima del desplazamiento por los grupos armados, (Paramilitares, guerrilla, BACRIM), fue afectado por las inundaciones, conoce el hambre y jamás estuvo ni a un milímetro de recibir los subsidios que tan generosamente entrego el gobierno anterior a sus tradicionales patronos.



En cuanto a Agro Ingreso Seguro, el 13 de octubre de 2010, el ministro de Agricultura, del Presidente Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, se pronunció sobre los beneficios del programa para el campo colombiano, e insistió que durante 2011, se reactivaría. "El programa provee para la agricultura cerca de $500 mil millones y el énfasis de la asignación de recursos será prioritariamente en la pequeña y mediana agricultura", explicó Restrepo.

Radio Santafe, BBC Mundo, Wikipedia, El Espectador, Revista Cambio.

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